El concepto de amnistía requiere ser
precisado pues a lo largo de la historia ha generado debate. La amnistía
consiste “en un perdón que realiza el
soberano respecto de la responsabilidad penal que puede tener el delincuente
por la comisión de un delito”.[1] El
origen histórico de la amnistía tiene sus bases en el "derecho de gracia del soberano” como
órgano legislativo y máximo representante de la voluntad de los ciudadanos. En
razón de esto, gran parte de la doctrina jurídica señala que no existen condiciones
valederas para limitar su ejercicio sólo a casos generales.
En este orden de ideas, Garrido Montt
señala al tratar el tema de la amnistía, que ella no reconoce límites ni en
cuanto al tiempo en que se otorga, ni en cuanto a la naturaleza de los delitos
sobre los que versa. En lo referido al tiempo, señala que la amnistía puede
dictarse tanto antes como después de iniciado un procedimiento en contra de una
persona. A su vez, en cuanto la naturaleza de los delitos sobre los que puede
recaer, la amnistía no tiene límites. Otros autores como Gracia establecen que la
amnistía,” es una manifestación concreta del
derecho de gracia del Estado,
quien como titular del ius puniendi, renuncia al ejercicio efectivo de éste no
en abstracto, sino en determinados casos particulares”[2]. Es decir, la amnistía es la manifestación
pura de un Derecho Natural del Estado que se ejerce a través de su órgano
legislativo por medio de los procedimientos formales de ley.
Dentro de los aspectos referentes al
Derecho político y la gobernabilidad democrática, autores como Ihering señalan
que en el siglo XIX, el derecho de gracia podía ser "una válvula de seguridad del Derecho, alegando
que se presentan a veces ciertas
circunstancias en las cuales es más útil perdonar que castigar, más acertado
olvidar que perseguir o, simplemente templar las asperezas de la ley"[3]. Hoy
día, es válido señalar que en ámbitos de institucionalidad precaria, la
amnistía es la herramienta indicada para la reconciliación nacional. Países
como Chile lo han realizado, sirviendo estas leyes como válvulas de
descompresión que buscan evitar males mayores.
En Venezuela debido a la perdida
sistemática de la institucionalidad, es sano que el congreso adelante
iniciativas legales como la amnistía para ir reconstruyendo la confianza de los
ciudadanos y las empresas. Sin embargo, sabiendo que el poder judicial seguirá sirviendo
a los mandatos del poder ejecutivo y coadyuvará en fomentar una política
dirigida a aumentar la conflictividad social, polarizar y desmovilizar a los
ciudadanos. El gran reto político para los demócratas en Venezuela, está en
motivar a los ciudadanos en la resistencia pacífica; en no permitir desmovilizarse;
seguir apegados al Estado de Derecho, e impulsar todos los mecanismos
existentes para generar el cambio Democrático para un Régimen que implosiono debido
a su inviabilidad teórica y práctica.
@PalisPolitics
[1] Mario Garrido Montt (1997). El derecho
penal. Volumen uno. Primera Edición. Santiago, Chile: Editorial Jurídica.
[2]
Gracia Martín, Luis (Coord.); Las
consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código Penal español, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 1996, pp. 323 y 324.
[3] Citado por De Carreras, Francesc; El
indulto en nuestro Estado de Derecho, El País, martes 15 de diciembre de 2000.